Lo cierto es que Washington continúa obstaculizando las acciones encaminadas en esa dirección: en el terreno de los hechos, de la irrefutable realidad, la nueva política exterior insinuada por el presidente Barack Obama antes de su toma de posesión y festinada por algunos gobiernos de la región, quedo en palabrería vana, en promesas al aire.

Se han dado pasos en diversos ámbitos, muchos de ellos trastabillantes, inseguros, incompletos, como la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) o la Cumbre de América Latina sobre Integración y Desarrollo (CALC), pero todos ellos, individualmente y en su conjunto, abren camino e implican avances en la dirección correcta.

Elaborar y consolidar una posición conjunta sin presiones de la Casa Blanca es una prioridad impostergable para los países de la región, que podrán, mediante las instituciones regionales creadas y administradas por ellos mismos, encontrar soluciones –aun a expensas del mecanismo de prueba y error-- para sus problemas conjuntos y con el propósito de defender con mayor fortaleza sus intereses en los diversos foros internacionales.

Sin embargo, Estados Unidos impulsa, pese a la apertura ofrecida por Obama, una línea dura en sus relaciones con los países del grupo de los “cinco radicales”, según han sido calificados por los altos mandos de inteligencia estadunidenses: Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Uno de los principales objetivos de esa política, es remover del poder a los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez y de Bolivia, Evo Morales; de ser posible, mediante procedimientos democráticos. Sin entrar en juicios de valor, ni omitir las críticas que merecen algunas actitudes autoritarias de Chávez, debiera quedarnos claro que los cambios que debamos llevar a cabo los latinoamericanos respecto a nuestras vidas, nuestros sistemas de gobiernos, las formas que elijamos para relacionarnos entre nosotros, no pueden ser dictadas desde el exterior y mucho menos por una potencia centenariamente injerencista, hegemónica, discriminadora, voraz y despiadada.

Durante la Quinta Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, en abril del año pasado, los estrategas de la Casa Blanca buscaron el máximo aprovechamiento posible de ese foro, no solamente para que Obama pudiese promover las bases de su política exterior veladamente intervencionista, sino a fin de que llevase a cabo el mayor número de reuniones bilaterales con mandatarios latinoamericanos y caribeños, a quienes propuso una amplia colaboración económica y política, a cambio de su apoyo a las iniciativas estadunidenses.

Los esfuerzos realizados durante medio siglo rumbo a la integración latinoamericana, han logrado avances tangibles, aunque no han llenado las expectativas ni han cumplido cabalmente los objetivos propuestos. El proceso de globalización, las negociaciones multilaterales y las perspectivas de creación de instituciones regionales eficientes y modernas, constituyen nuevas realidades y desafíos para la integración latinoamericana y caribeña. La diversidad de situaciones subregionales y la consiguiente fragmentación del mapa de la integración regional pudieran, por su parte, debilitar y obstaculizar el avance hacia su progresiva profundización.

Ninguna de estas dificultades, sin embargo, es insuperable. Se requiere de una renovada atención hacia los proyectos de integración de América Latina y el Caribe; de una reflexión actualizada sobre sus alcances y posibilidades; y de una decidida voluntad política para hacer compatibles los procesos subregionales, regionales, hemisféricos y multilaterales. Todo ello con el objeto de promover la equidad y el desarrollo de los países de la región y lograr disminuir las asimetrías entre ellos.

La integración regional es un instrumento clave de las estrategias de desarrollo económico y social de los países de la región y de las políticas económicas y comerciales externas y permite reforzar la capacidad de participación efectiva de éstos en el proceso de globalización.

La integración regional es una necesidad y un imperativo y debe concebirse de manera integral, con un alto contenido político, ya que acelera y profundiza los vínculos económicos, sociales y culturales entre las sociedades que la conforman. Por ello es fundamental que no haya presencias ajenas a la región y mucho menos la de una gran potencia hegemónica como Estados Unidos, que en todo momento intentará aprovechar el proceso integracionista para consolidar vínculos de dependencia.

En el actual contexto de globalización, la integración, más que fusión de entidades nacionales, significa la suma de las potencialidades y fortalezas de la región al servicio de los Estados miembros y sus ciudadanos.

Hoy en día, la integración regional no debería limitarse al ámbito interno de la región y de los países que la conforman, aunque esta premisa pueda parecer contradictoria. Debería comprender también la articulación con el ámbito internacional, sobre todo con miras a reforzar o establecer vínculos de diversificación política y económica con países cuya importancia global crece, como Rusia, China y la India.

Esa articulación internacional constituye un instrumento válido y eficaz para contrarrestar la vulnerabilidad externa que ha caracterizado a la región a través del tiempo, potenciada por algunos efectos indeseables de la globalización.

Finalmente, es preciso atender los reclamos de la sociedad civil y el tipo de democracia realmente participativa e incluyente que demandan los ciudadanos y que el colombiano Samper avizora como de participación directa y con un mayor papel de las organizaciones de la propia sociedad civil.

Se requiere diseñar mecanismos para lograr una mayor incorporación social, en particular a través de los parlamentos y la sociedad y crear corrientes de opinión favorables a la idea integracionista como contraparte de las concepciones disociadoras, así como para superar el déficit de desarrollo social que impide la efectiva participación social en el proceso de integración.

Este puede ser, además, uno de los antídotos para la violencia que pretende imponer su dominio, trátese de la del crimen organizado –principalmente de los barones de la droga—, la de regímenes autoritarios y represores, o la de grupúsculos que aún se empeñan en la vía armada para construir perversas e imposibles utopías.

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